En 2020, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) rompió su alianza con la gestión gubernamental, presidida por Nicolás Maduro. Acusó a este de abandonar el rumbo socialista y de adoptar el neoliberalismo como su nuevo modelo político.
Grosso modo, el PCV denunció la dolarización de la economía nacional, el surgimiento de una burguesía importadora, el desmantelamiento de los derechos laborales, la corrupción, la fuga de la renta petrolera y el aumento de la desigualdad.
Filas adentro, se ordenó el abandono de la coalición gubernamental. Pero hete aquí que surgió una división. Los «comunistas» que ejercían funciones con el gobierno decidieron no acatar la directriz; y los de la directriz, esto es, el PCV histórico, propusieron desconocer la militancia y el ejercicio político de los revoltosos.
Se formó el pleito. Ambas facciones presumieron ser más papistas que el papa, y bastante se habló de Carlos Marx y su genuino materialismo histórico durante la exégesis ideológica que se suscitó.
Finalmente, en 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino al PCV y decidió que los verdaderos comunistas eran los aliados del gobierno, mismos con los que dictaminó su nueva directiva política. De tal modo quedó descabezada la facción crítica al gobierno. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), o partido de gobierno, neutralizaba con dicho movimiento a un eventual disruptor del ecosistema político.
Ahora el PSUV se encuentra en el mismo banquillo de las disquisiciones ideológicas. Ni más ni menos con sus dos bandos. Por un lado, están las cabezas de gobierno, pasando por la Asamblea Nacional, los funcionarios de Estado, hasta aterrizar en la militancia misma; por el otro, los disidentes, los que hablan de entreguismo a los Estados Unidos, de traición a la patria y de concesión de soberanía. Estos últimos, mayoritariamente, son militantes que no detentan nada más que su conciencia y el voto depositado en las elecciones presidenciales de 2025. Son los pata-en-el-suelo, como los motea el populacho, o los «chavestias» o «chaburros», como los insulta la oposición.
Algo hasta peor que lo sucedido en el PCV, donde se hablaba de traición a principios doctrinarios. Con el PSUV, el asunto a dilucidar es la monstruosidad de la traición a la nación venezolana, más allá de los estatutos de un partido.
Y es que, de ningún modo, de acuerdo con los estatutos del partido, se puede denominar psuvista al bando gubernamental, hoy en amoríos con los Estados Unidos; así como tampoco al militante que lo apoya. En sus principios generales, el PSUV y su militancia se declaran «anticapitalista y antiimperialista», una entelequia destrozada por el actual ejercicio de gobierno.
¿Semejante maldición del PCV llegará a tribunales para pleitear por los símbolos y banderas del PSUV verdadero? ¿Surgirá algún adalid del legado histórico de Hugo Chávez para reclamar la esencia del partido, denunciar que lo que se vive no fue aquello por lo cual votó el psuvista auténtico en las elecciones presidenciales de 2025 y para llamar a elecciones? ¿Es posible que el TSJ pueda determinar que los funcionarios de gobierno, en actual romance con los gringos, sean los auténticos fundamentalistas del PSUV?
