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jueves, 12 de febrero de 2026

La revisión de lo histórico concluye que en Venezuela debe suceder una dictadura complaciente con el agresor: ¿dónde está ese delfín?

Entre 1822 y 1825, los Estados Unidos entraban y salían de Cuba y Puerto Rico con el pretexto de capturar piratas, una causa noble entonces, como noble es ahora la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En ese tiempo, las dos islas pertenecían al imperio español, que finalmente desbarataron en 1898, cogiéndose Puerto Rico y tratando de hacer lo mismo con Cuba hasta hoy.
Los Estados Unidos estaban entonces muy activos sobre el continente suramericano. Temerosos de que los europeos recolonizaran a América, proclamaron en 1823 ante su Congreso la famosa Doctrina Monroe: «América para los americanos». Como ocurre con el petróleo de Venezuela hoy (Trump), tenían entonces grandes planes para su futuro «patio trasero».
En 1833 y 1835 penetraron a Argentina y Perú, respectivamente, para proteger sus intereses durante sendas insurrecciones. En 1848 se robaron el 50% del territorio mexicano. Volvieron a «proteger» sus intereses en Argentina en 1852. A Nicaragua le tocó en 1853, donde también tenían intereses «en peligro». 1855 y 1856 fueron los turnos de Uruguay y Panamá, respectivamente, donde desembarcaron. En 1857 «protegieron» con tropas a Nicaragua del pirata William Walker. Volvieron con Uruguay en 1858. En 1859 obligaron a Paraguay a pedir disculpas ante una enorme demostración de fuerza porque le rasguñaron un buque de guerra en el río Paraná. En 1860 volvieron con Panamá-Colombia, durante unos relajos. Repitieron con Panamá en 1865, ahora para proteger a unos civiles suyos.
En 1867 ocuparon Nicaragua. Ahora, con el argumento de proteger a sus ciudadanos «regados» por el mundo, entraron de nuevo a Uruguay y Colombia en 1868. Y así una lista casi interminable, la cual se resume teniendo en cuenta que siempre agredían para proteger sus intereses: 1873: Colombia y México, 1876: México, 1885: Colombia-Panamá, 1888: Haití, 1890: Argentina, 1891: Haití, 1891: Chile, 1894: Nicaragua, 1895: Colombia, 1896: Nicaragua, 1898: otra vez Nicaragua, etc.
Resumiendo aun más: entre 1900 y 2026, Colombia fue permeada 5 veces por los gringos protectores de causas nobles, 8 veces Honduras, 4 República Dominicana, 8 Panamá, 6 Cuba, 3 Nicaragua, 3 México, 4 Haití, 3 Guatemala, 1 Costa Rica, 1 Granada, 1 Bolivia, 1 Perú, completándose el cuadro con Venezuela, en enero de 2026.
Si desde un principio (1822) el fin de fondo fue bloquear a los europeos en su hemisferio, mutaron luego a la narrativa de «proteger sus intereses» y ciudadanos. Resáltese que a partir de 1989 los estadounidenses empezaron a utilizar la retórica de la guerra contra las drogas en ocasión de destacar tropas en Colombia, Perú y Bolivia.
Pero… ¿Cuál es el propósito de tal enumeración de agresiones y cambios retóricos en el imperio de turno? Simple: explicar la modalidad de agresión contra Venezuela con sus precedentes. Es decir, asentar que, con la Guatemala de Jacobo Árbenz en 1954 (uno de esos tantos puntitos difusos en la enumeración), se inaugura una nueva narrativa de ataque contra Latinoamérica, ya no tanto para invadir como para derrocar a presidentes incómodos a los intereses norteamericanos. No se trata ahora de incursionar abiertamente para corretear a los colonialistas europeos, ni de perseguir piratas, ni de proteger ciudadanos estadounidenses, ni de luchar contra las drogas, sino, de modo encubierto, derrocar presidentes utilizando el telón de fondo ideológico del momento.
A Árbenz le cobran querer nacionalizar la bananera United Fruit Company para combatir la pobreza de su pueblo. De izquierda, en plena Guerra Fría, lo acusan entonces de querer volcarse hacia la URSS. La realidad fue que la bananera, de gran poder en Centroamérica, hizo lobby político para vetar su destierro del país, enmarañando a un Dwight D. Eisenhower con el coco del enemigo soviético, del mismo modo que María Corina Machado y Marco Rubio enmarañaron las circunstancias ante Donald Trump con el enemigo sino-ruso.
A Nicolás Maduro lo rotularon con el infundio de narcotraficante para destapar el flujo de petróleo y reapoderarse de sus reservas en el país. En 1964, en Brasil, con trabajo encubierto y amenaza militar (Operación Hermano Sam), derrocaron a Joao Goulart, quien, a diferencia de Árbenz, sí había significativamente expropiado empresas gringas. El argumento fue el típico de la Guerra Fría: ser comunista.
El primer presidente formalmente marxista del mundo, Salvador Allende, nacionalizó el cobre, lo cual fue un golpe escandaloso contra los intereses de los Estados Unidos. Recibió de inmediato sanciones y trabajo encubierto de la CIA para agitar el ámbito militar, lo cual, a la postre, derivó en el golpe militar que culminó con su inmolación en el Palacio de La Moneda en 1973.
Los cuatro, Árbenz, Goulart, Allende y Maduro, tocaron los intereses gringos. Todos fueron objeto de un trabajo encubierto de la CIA. A todos se les satanizó con lo que eran o con lo que no hacían para justificar la acción contra el interés de fondo: reforma agraria (comunismo), expropiaciones (comunismo), cobre (comunismo) y petróleo (narcotráfico), respectivamente. A todos (menos a Maduro por estar el proceso en curso) les sucedieron periodos prolongados de dictaduras complacientes con el agresor: 32 años en Guatemala, 21 años en Brasil y 17 en Chile.
La pregunta, para finalizar: ¿quién encarnará ese rol post derrocamiento y complaciente en Venezuela? ¿Delcy Rodríguez? ¿María Corina Machado? ¿Algún delfín todavía anónimo de las fuerzas atacantes? Es la única pieza faltante en el esquema histórico, aunque hay que tener en cuenta que el evento aún está en curso, como se acotó arriba. Hasta ahora Venezuela está ofreciendo una variación sin esa figura dictatorial a la vista: y es que la misma estructura política atacada por los Estados Unidos (PSUV) está fungiendo como la instancia complaciente, sin la mencionada caracterización dictatorial: reforma petrolera, habilitación diplomática, presos políticos, ruptura de alianzas (China, Rusia, Cuba e Irán), concesión del manejo económico energético.
 


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miércoles, 11 de febrero de 2026

La Asamblea Nacional violó la Constitución en su ceguera reformista.

Toda la edificación del conocimiento humano, cualquiera que sea su parcela, se fundamenta sobre unos principios lógicos elementales. Que luego, en virtud de la evolución y densificación de los campos del saber, 2 + 2 no parezca ser igual a 4 es un asunto que compete a la lógica como ciencia, sea ya en su aspecto formal (matemático) o informal (retórica, sofisma).
El meollo del asunto es que, en principio, de cajón, 2 + 2 es igual a 4 y a partir de allí, como punto de arranque, es posible construir todo el resto de la divagación humana que arroje otro resultado. La política, por ejemplo, sería una ilustración de uno de esos procesos divagatorios de la lógica informal. De hecho, se dice que en política 2 + 2 nunca es igual a 4.
Los legisladores que reformaron la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de 2006, incurrieron en un acto de nulidad notable. De cajón saben que la supremacía constitucional es un principio fundamental del derecho moderno. Es decir, que la Constitución es la «norma de las normas» o ley suprema, equivaliendo esto a saber que 2 + 2 es igual a 4. Y saben, también, que no hay asamblea, entidad o ley menor que valga que pueda validar un acto legislativo (inclusive con mayoría absoluta) en contradicción con la norma madre.
Sin embargo, pusieron al artículo 8 de la ley reformada a desdibujar el artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese punto, la Constitución establece que las dudas o controversias relacionadas con los contratos de interés público «serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.»
Por su lado, el artículo 8 de la Reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026 dice que tales dudas o controversias «podrán ser decididas por los Tribunales competentes de la República, o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes».
De manera que, de cajón, 2+2=4, corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar la nulidad total o parcial de dicha ley. Todos los pilares definitorios de la soberanía son violentados: autodeterminación, control territorial, independencia jurídica y control de recursos. ¿O es que, acaso, en virtud de la apertura petrolera, la soberanía es ahora negociable?
La Asamblea Nacional cometió un error, por no poder hablar de delito. Ella representa al pueblo y puede parecer que su acto sea «constitucional». Pero su «legitimidad» está supeditada a las reglas del juego establecidas en la Carta Magna, cuya redacción es, por cierto, del mismo pueblo.
Por supuesto, el reformista (que busca atraer la inversión, así sea jalada por los pelos) defiende que el arbitraje internacional no es una «reclamación extranjera» prohibida, sino una medida de seguridad jurídica para el inversor.
Aquí entra en ejercicio la lógica en su cualidad informal: mediante retórica y sofismas, el legislador ahora busca engañar a su pueblo queriéndole significar que 4 es igual a 2+1. Los griegos se divertían mucho con estos ejercicios de lógica en el ágora: es un clásico el cuento de Aquiles siendo derrotado en una carrera por una tortuga, con demostración matemática y todo. Parece conveniente decir (un millón de veces más) que una apariencia no hace la verdad.


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