La fiscalía de Nueva York trabaja intensamente para acumular la mayor cantidad de acusaciones posible y evitar que Nicolás Maduro quede en libertad tras el juicio que le han pautado para 2027. El esfuerzo abarca también, como es lógico, a su esposa, Cilia Flores. El objetivo es armar un convoy de acusaciones lo más variado posible, de modo que, si no es condenado por A, lo sea por B.
La novedad del día consiste en incoar cargos por tortura contra ciudadanos estadounidenses que, durante su mandato como presidente, atentaron contra el gobierno. Por ejemplo, son centrales los casos de Luke Denman y Airan Berry, ex boinas verdes que participaron en la fallida Operación Gedeón, en mayo de 2020, cuando los neutralizaron unos pescadores venezolanos.
Estos, entre otros, fueron liberados en 2023, canjeados por Alex Saab durante el gobierno de Joe Biden. Y ahora harán confesión sobre las presuntas artes de tortura del mandatario venezolano. En la lista también entra el exmarine Matthew Heath. Con exámenes médicos en mano, esperan el momento de subir al estrado y rendir testimonio.
No tiene que importar que parezca desleal que unos beneficiarios de una medida de libertad se dispongan a morder la mano que los liberó. La opinión pública sabe del fondo que tocaron al participar en un acto armado contra un país soberano y de la merecida pena que han debido pagar. Es irrelevante que, después de sus testimonios, la gente pueda pensar que no son las mejores personas del mundo; como irrelevante es que, después de la aventura, estén libres y quien fue canjeado por ellos esté preso. Naturaleza mercenaria, podría apuntarse.
Lo importante es que, a cualquier precio, Maduro no salga en libertad y se dedique luego a estropear la colonización que se está llevando a cabo contra Venezuela en la actualidad, de la mano de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello. El rebrote de una pizca de socialismo o revolución genuinos en el país bolivariano volcaría los grandes negocios que Donald Trump ha hecho con los recursos naturales del país y con la traición política de los personajes mencionados.
En un principio, Maduro fue acusado de ser el jefe de un inexistente “Cártel de los Soles” (narcoterrorismo) y de introducir cocaína hacia los Estados Unidos. Casi de inmediato, como fue escándalo, la ficción del cártel se aclaró, desestimándose que el presidente pudiera ser jefe de algo inexistente. Pero la fiscalía mantiene los cargos de narcotráfico, además de la acusación de tenencia de una ametralladora (arma de guerra).
Como se vea que estos cargos parezcan absurdos y puedan, de hecho, desaparecer de un soplo si la justicia es persuadida de que el hombre es un jefe de Estado con inmunidad, la fiscalía no escatima esfuerzos por reclutar gente de abyecta ralea para conseguir sus objetivos. Lo de Maduro y Flores es una apuesta contra un gigantesco poder corporativo capaz de quemar a sus propios dioses por el petróleo venezolano.
La razón humana misma es quemada en el intento: el cargo por tortura y detención ilegal que se planea no parece sostenerse ni siquiera a modo de burla. ¿Cómo se puede hablar de “detención injusta” con relación a unos individuos que asaltaron la frontera de un país para derrocar a su presidente? El acto es penalizable hasta en la imaginación de la existencia de otros mundos, donde habría que suponer que tienen sus propias reglas, no necesariamente universalizables por el derecho penal de los Estados Unidos.
La novedad del día consiste en incoar cargos por tortura contra ciudadanos estadounidenses que, durante su mandato como presidente, atentaron contra el gobierno. Por ejemplo, son centrales los casos de Luke Denman y Airan Berry, ex boinas verdes que participaron en la fallida Operación Gedeón, en mayo de 2020, cuando los neutralizaron unos pescadores venezolanos.
Estos, entre otros, fueron liberados en 2023, canjeados por Alex Saab durante el gobierno de Joe Biden. Y ahora harán confesión sobre las presuntas artes de tortura del mandatario venezolano. En la lista también entra el exmarine Matthew Heath. Con exámenes médicos en mano, esperan el momento de subir al estrado y rendir testimonio.
No tiene que importar que parezca desleal que unos beneficiarios de una medida de libertad se dispongan a morder la mano que los liberó. La opinión pública sabe del fondo que tocaron al participar en un acto armado contra un país soberano y de la merecida pena que han debido pagar. Es irrelevante que, después de sus testimonios, la gente pueda pensar que no son las mejores personas del mundo; como irrelevante es que, después de la aventura, estén libres y quien fue canjeado por ellos esté preso. Naturaleza mercenaria, podría apuntarse.
Lo importante es que, a cualquier precio, Maduro no salga en libertad y se dedique luego a estropear la colonización que se está llevando a cabo contra Venezuela en la actualidad, de la mano de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello. El rebrote de una pizca de socialismo o revolución genuinos en el país bolivariano volcaría los grandes negocios que Donald Trump ha hecho con los recursos naturales del país y con la traición política de los personajes mencionados.
En un principio, Maduro fue acusado de ser el jefe de un inexistente “Cártel de los Soles” (narcoterrorismo) y de introducir cocaína hacia los Estados Unidos. Casi de inmediato, como fue escándalo, la ficción del cártel se aclaró, desestimándose que el presidente pudiera ser jefe de algo inexistente. Pero la fiscalía mantiene los cargos de narcotráfico, además de la acusación de tenencia de una ametralladora (arma de guerra).
Como se vea que estos cargos parezcan absurdos y puedan, de hecho, desaparecer de un soplo si la justicia es persuadida de que el hombre es un jefe de Estado con inmunidad, la fiscalía no escatima esfuerzos por reclutar gente de abyecta ralea para conseguir sus objetivos. Lo de Maduro y Flores es una apuesta contra un gigantesco poder corporativo capaz de quemar a sus propios dioses por el petróleo venezolano.
La razón humana misma es quemada en el intento: el cargo por tortura y detención ilegal que se planea no parece sostenerse ni siquiera a modo de burla. ¿Cómo se puede hablar de “detención injusta” con relación a unos individuos que asaltaron la frontera de un país para derrocar a su presidente? El acto es penalizable hasta en la imaginación de la existencia de otros mundos, donde habría que suponer que tienen sus propias reglas, no necesariamente universalizables por el derecho penal de los Estados Unidos.
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