Siempre resultará temerario hablar de la desincorporación de las fuerzas armadas de un país. Normalmente, encarnan proezas fundacionales, objeto de la loa eterna de los ciudadanos a quienes se deben. Por ejemplo, el Ejército Rojo (1918, creador del primer Estado socialista del mundo, vencedor del nazismo), que dio pie al Ejército Soviético (1951) y luego a las actuales Fuerzas Armadas Rusas.
O el Ejército Popular de Liberación, artífice de la “Larga Marcha” y proclamador de la República Popular de China, en 1949. O las mismas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Estado victimario al cual aluden estas letras. Son gestoras de la independencia de las trece colonias británicas y baluartes de la actual república federal norteamericana.
Locuaz, es lo menos. Tales entidades siguen siendo fortalezas de sus naciones, sobremanera cuando entrecruzan sus existencias en medio de una enorme rivalidad geopolítica. ¿A quién se le podría ocurrir pedir su disolución?
Lo mismo tendría que decirse de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela (FANB), genética del Ejército Libertador, fundado el 19 de abril de 1810, emancipador por antonomasia de Suramérica. Su gesta fue la independencia casi continental, vencedora en Carabobo y Boyacá, liberadora de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá.
¿Cómo sugerir semejante tremendura demencial? Por historia y gesta, Venezuela parece unida de manera identitaria a su FANB. El artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) la reconoce como una institución fundamental para la seguridad nacional. De hecho, el Código Penal venezolano ratifica la sacralidad de tal institución y sanciona a quien ofenda su institucionalidad. Criticar la utilidad o validez del cuerpo armado venezolano podría sonar a instigación a la desobediencia o rebelión. Más en concreto: si tal cuerpo está consagrado a la seguridad nacional, pedir su disolución podría implicar un llamado a la subversión del orden público.
Pero así está sonando la voz del país después de su invasión, el 3 de enero de 2026, por parte de tropas estadounidenses. En vez de ofensión para dignidad institucional alguna, es afrenta al oído ciudadano. El hecho terminó en una indescriptible derrota, casi sin combate y con muchos muertos, y con el presidente de la república capturado. Esto equivale a decir que una institucionalidad “fundamental” del país no cumplió su rol en materia de seguridad nacional, capitulando operativamente, dejando que otra institucionalidad sacra (como la presidencial) fuese violentada.
El mayor problema moral de emprender una reflexión crítica contra una institución de semejante envergadura es el honor militar, sin duda mancillado cuando se habla de inutilidad y disolución. Sin embargo, tiene que haber un modo de analizar la eventualidad sin que el señalamiento de la verdad resulte menoscabado. Se trata de la verdad por la verdad. José Gervasio Artigas, prócer de la independencia uruguaya, dijo que “con libertad ni ofendo ni temo”, que es como decir que “con la verdad ni ofendo ni temo”, dado que se refería a la honradez que quita el cuidado de no dañar a nadie.
En todo caso, el autor de estas líneas esboza los hechos acaecidos, lo cual jamás podría ser más tremebundo que ser autor o partícipe de ellos. Por supuesto, no se niega que, en un mundo de realismo mágico, hablar de un crimen pueda resultar más criminal que el ejecutor o el crimen mismo. Y, para ser francos, el universo de responsables de la situación crítica actual del país se cosifica desde la presidencia encargada para abajo, pasando por la Asamblea Nacional, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y el mismo ministro de la Defensa en funciones de entonces.
Puestos a respetar la constitucionalidad, por cierto, el artículo 25 de la CRBV habla de nulidad cuando el Poder Público viola constitucionalidades, enfatizando, como la guinda del pastel, que un funcionario no podrá eludir con su rango la responsabilidad penal, civil o administrativa.
De todos modos, hay que sentar que debe el honor existir primero para que luego pueda ser mancillado. Y, por lo que la historia ha grabado, no hay honor en la especie de los hechos mencionados: un país tutelado de manera flagrante, un presidente secuestrado, una soberanía pisoteada, unos recursos naturales robados por apetitos ajenos, un futuro hipotecado e incierto… La reflexión, pues, se devuelve al punto primero: si la flagrancia sigue persistiendo en la inutilidad de una FANB, que no se pronuncia ante la afrenta en curso ni asume su rol defensivo, desincorpórese. Ni honor ni dignidad hay en el acto de desentenderse de la vergüenza.
Países hay sin fuerzas armadas, propiamente. A saber: Costa Rica, Panamá, Japón (sus fuerzas son de “autodefensa”), Islandia, Andorra, Mónaco, Liechtenstein, Samoa, aparte de otros microestados y estados insulares. A propósito, llama la atención que Japón y Panamá abolieron sus fuerzas armadas después de sufrir una invasión estadounidense. Las prohíben en sus cartas magnas, además de Costa Rica, que lo hizo después de la guerra civil, en 1949. Se hace la mención porque Venezuela acaba de ser invadida y su fuerza armada acallada, como si no existiera. Con las ideas siempre hay peligro de que, más allá de un contagio, se conviertan en esquemas.
La irracionalidad de un desmontaje de la fuerza armada venezolana cobra sentido monstruoso cuando se sopesa que el país, más allá de institucionalidades o rubros republicanos, es una mina planetaria de recursos naturales energéticos y una potencia geopolítica. Pero, como se dijo, esta imprescindibilidad es un deber ser, no materializado como realidad. Constitución e historia nacionales exigen con toda ley lógica la persistencia de una fuerza armada, operativa y funcional; no obstante, los hechos presentes, como si se tratara de un ejemplar que se separa de la manada, desdicen de la tesis necesaria.
Desafortunadamente, la incursión estadounidense del 3 de enero evidenció la especie de prescindibilidad que se analiza: (1) la inutilidad operativa ante el despliegue de 150 aeronaves invasoras y la anulación en minutos de los misiles claves antiaéreos Buk-M2E (24 objetivos al mismo tiempo, hasta 20 km de distancia); (2) la incapacidad defensiva ante la captura de Nicolás Maduro, lo cual dejó al descubierto que los millones de dólares invertidos en equipamiento militar no sirvieron para la función constitucional de defender la soberanía y proteger al jefe de Estado; (3) la crisis de legitimidad institucional que condujo al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, a proponer un “plan de transformación” de cara a los hechos, dándole consistencia, de manera inquietante, a la crítica que se ejerce en este espacio. Exactamente, no dijo Padrino que la institución debería ser desincorporada, sino transformada {S/f-c. Elpitazo.net <https://elpitazo.net/politica/un-mes-despues-de-la-captura-de-maduro-padrino-lopez-anuncia-investigacion-por-hechos-del-3ene/> [consultado el 2 de agosto de 2026]}.
En fin, la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026 expuso a una FANB ineficaz, costosa en su aparataje, inútil en su infraestructura antiaérea, neutralizada en apenas un par de horas.
No hay allí honor que defender ni susceptibilidad que respetar. El honor fue asesinado y se lo llevaron a la tumba los más de 100 soldados que murieron en la contienda, 30 de ellos cubanos, en general, un 0,04% del conglomerado total de la tropa venezolana. Quien no luchó quedó afrentado o, peor, en un estado dantesco de muerte cívica si tuvo que obedecer una orden superior que no lo eximirá del incumplimiento del deber. Tanto más grave si, como la caracteriza el artículo 329 de la CRBV, la FANB es una entidad apolítica: defender el país de la injerencia extranjera tiene que ser un movimiento reflejo que no consulta criterios partidistas.
Una Venezuela sin fuerzas armadas es un contrasentido no solo histórico, como se dijo, sino existencial. Desmontarla es menoscabar la república y lesionar legados. No tener una infraestructura para defender sus riquezas conllevará un futuro de descomposición explotativa. Y eso no sería, ni en el sentido griego ni en el francés, una república, sino aldeas. Como se dijo, los tiempos que corren son impredecibles. Si ya hay desclasificación de materiales ufológicos y un desbordamiento imaginativo sobre las realidades que fueron o serán, habría que suponer que, sin fuerzas armadas, el país se amparará bajo la tutela del derecho internacional, lo cual ya es un sentimiento familiar.
