En diciembre de 1999, Hugo Chávez rechazó la oferta de ayuda de los Estados Unidos. Era la Tragedia de Vargas. 450 “marines” estaban listos para desembarcar en las costas con maquinarias. Chávez adujo que el país no requería personal militar extranjero, menos estadounidense, dado que detrás del argumento los gringos encubrían la intervención, la ocupación territorial y el espionaje.
Este capítulo fue apenas el preámbulo de la tormentosa relación del gobierno bolivariano con los Estados Unidos. Entre la izquierda latinoamericana hay la conseja de que "no se puede confiar en el imperialismo, pero ni un tantito así, nada", atribuida a Ernesto “Che” Guevara. Esta sentencia es reforzada por la jocosa idea de que en los Estados Unidos no es posible un golpe de Estado porque en su capital no hay una embajada de ellos mismos.
De hecho, volviendo a la relación tormentosa, en septiembre de 2008, Chávez expulsó a los norteamericanos y su embajada de Venezuela. Fue una medida solidaria con Evo Morales, quien, previamente, había expulsado al embajador estadounidense por injerencismo y comando de la oposición boliviana. Chávez adujo, además, que desde la embajada yanqui en Caracas se conspiraba para asesinarlo, desplegando actividad de inteligencia hacia los cuarteles militares.
El tiempo terminó dándole consistencia a las sospechas del presidente venezolano. La embajada, en efecto, podría haber sido un comando general de operaciones. En 2013, Edward Snowden expuso que los Estados Unidos espiaban a 38 embajadas en el mundo, controlando sus comunicaciones, “sembrándoles” con micrófonos, obligando en secreto a las grandes firmas de telecomunicaciones a entregarle a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) los metadatos de las llamadas telefónicas y mensajería.
En modo alguno fueron infundados tales temores. Chávez era militar y sabía de doctrinas. Y la doctrina militar de los Estados Unidos en contextos humanitarios es clara y aprehensiva. Se llama Asistencia Humanitaria Extranjera (FHA) y contempla la obligatoria "recopilación de inteligencia concerniente al ámbito político, militar, paramilitar, étnico, económico y medioambiental" del país afectado; tiene como misión reconocer y mapear el terreno, así como identificar los espacios donde el acceso militar estadounidense pueda estar restringido; y perfilar el acceso directo del Comando Sur en las regiones estratégicas de interés para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Pero, atención: el punto más inquietante de esta doctrina es que, si el gobierno de los Estados Unidos asume las tareas de búsqueda, la reconstrucción y el control de las telecomunicaciones (ya dan Internet Starlink), entonces su desempeño debe ser de gobierno completo (whole-of-government response). Es decir, su influencia debe determinar las decisiones civiles y administrativas del territorio, lo cual, como se analice, es una toma y comporta el debilitamiento de la soberanía del país afectado en nombre de una catástrofe que no puede sofocar.
En la actualidad, la presencia militar de los Estados Unidos en La Guaira es masiva, ejerciendo control operativo directo. Es prácticamente imposible diferenciar asistencia humanitaria de ocupación geopolítica cuando el país “ayudado” es la mayor reserva de hidrocarburos del planeta. Dígase, para redondear, que el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ofrece resistencia a los norteamericanos y que Venezuela aún está bajo el efecto de la intervención militar denominada “Operación Resolución Absoluta”.
Todo el espacio aéreo de La Guaira está bajo control de aeronaves de última generación: helicópteros pesados MV-22B Osprey y Bell UH-1Y Venom, y aviones de carga pesada C-17 Globemaster movilizando tropas aéreas. Oficialmente, el ejército de los Estados Unidos ya empezó a radiografiar la estructura del Puerto de La Guaira y su sistema de vialidad.
El Comando Sur movilizó sobre las aguas venezolanas los buques de transporte y asalto anfibios USS Fort Lauderdale (LPD-28) USS Billings (LCS 15), respectivamente. Y el Cuerpo de Marines (Fuerza de Combate Litoral-24) tomó el control del Puerto de La Guaira.
Finalmente, asiéntese que la injerencia se torna completa (en el sentido doctrinario mencionado de “gobierno completo”) cuando el presidente de los Estados Unidos habla ya de un financiamiento inicial de $150 millones de asistencia y el embajador John Barrett camina junto al mayor general del ejército gringo, Kevin J. Jarrard, sobre los espacios litorales. Podría Donald Trump decir en cualquier momento, conociendo su locuacidad, que ya adquirió los derechos de propiedad de la costa venezolana y que no hay nadie en el mundo que pueda impedir que ellos, los estadounidenses, fotografíen, sobrevuelen o se queden por largo tiempo sobre esa tierra de desgracias. Es como si el asunto fuese una compensación a su fallido sueño de apoderarse de Groenlandia.
Fatídicamente, este texto no puede desembarazarse de un ánimo profético: pasarán eras antes de que los Estados Unidos y sus apetencias geopolíticas suelten la mordida que le acaban de inferir al territorio venezolano con esa excusa perfecta de la ayuda humanitaria. Será precisa una guerra para expulsarlos, y es precisamente la que está prevista, la guerra de independencia bolivariana.
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