El presente escrito tiene cuatro momentos reflexivos, que se desglosan desde la misma determinación doctrinaria de los Estados Unidos de posesionarse de La Guaira hasta su defensa final como base militar adquirida, argumentando y desargumentando pretextos. Se trata de un breve análisis de hechos consignados por la historia que, a fuer de premisas, concluye en una serie de razonamientos dirigida a quienes son responsables del destino político de Venezuela. Con el conocimiento de un pasado es posible prevenir un futuro consabido.
En un primer momento, es imperativo saber que las bases militares son mecanismos doctrinarios de expansión y poder de los Estados Unidos. Por ello, tienen cientos en el mundo, como ningún otro país. Son como puestos de avanzada del Imperio Romano en sus caminos de conquista. Asentarse sobre puntos de importancia geopolítica y estratégica es, prácticamente, un mandato de su aparato político estatal, que busca proyección y control globales. Arrestos de imperio, pues.
De manera que, para el caso de la preocupación presente, la aspiración de asentarse como base militar en La Guaira no tiene por qué sorprender a nadie, aunque indigne a quien posea un corazón nacionalista. De hecho, de modo específico y agravante, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se rige por una doctrina regulatoria militar para situaciones de desastre natural en las que tenga que desplegarse para “ayudar”: el programa de Asistencia Humanitaria Extranjera (FHA).
No es más que un manual de operaciones que, bajo una pantalla de asistencia humanitaria, comisiona a sus tropas para recopilar inteligencia militar, económica y medioambiental del área afectada; mediante el mecanismo de cooperación económica, allana un acceso directo a los Comandos Combatientes en el área ─como el Comando Sur, por ejemplo─ para tejer una narrativa de influencia y de objetivos de seguridad nacional para los Estados Unidos; y, detrás de la cortina de las maquinarias, helicópteros, hospitales de campaña y mapeo de infraestructuras críticas, reconoce el terreno del país anfitrión con el objetivo de medir su capacidad de respuesta en una situación militar eventual.
Dígase que la pretensión operativa, más allá de la instalación militar, es la configuración de un gobierno total en el área asistida. La doctrina es clara en su objetivo de lograr un “gobierno completo” (whole-of-government response): si los Estados Unidos son quienes financian, reconstruyen y rescatan, su influencia debe ser primordial, incluso por encima de la autoridad local. Se trata de un ejercicio de toma física y funcional, con una peligrosa dosis de asunción de soberanía orientada al tutelaje administrativo.
Con tal alerta, resulta en extremo riesgoso infectar una soberanía nacional con la inoculación de semejantes formas de ayuda humanitaria, configuradas con tan específicos genes de la destrucción. Sin embargo, sobre las conclusiones de un análisis objetivo, la carga política y moral tendría que recaer sobre el gobernante que transija con tal daño para su patria.
En un segundo momento, cuando ya la base militar está instalada en la zona aquejada, habría que saber sobre la renuencia del gobierno de los Estados Unidos a retirarse. Es historia. Innumerables son las tácticas dilatorias para evitar o posponer el abandono de una de sus tantas bases militares de la red mundial. Nunca dejará de ser espectacular la intención de permanencia de ese país, incluso en contra de la voluntad del país anfitrión. Suerte de oda al cinismo geopolítico.
El país invasor apelará a la ambigüedad contractual de su permanencia, valiéndose de figuras interpretativas que usualmente requieren años de examen judicial; exigirá reemplazos, es decir, se negará a los desalojos hasta tanto el país anfitrión financie o apruebe una base sustitutiva para los desalojados; se reetiquetará de manera constante como “centro de investigación” o “misión de asesoría” para evadir las prohibiciones de permanencia militar. Toda una charada ensayada a lo largo de capítulos históricos.
Véase: los Estados Unidos no abandonaron la Base Aérea de Clark ni la Base Naval Subic Bay, en Filipinas, hasta 1991, a pesar de que el Tratado de Bases Militares de 1947 había vencido. Recurrió a un paquete de ayuda económica y a una asesoría militar para Manila, condicionando así permanencia de sus tropas en el país asiático. Solo la erupción del volcán Pinatubo, al dañar la base Clark, logró echarlos.
En Ecuador se pusieron “duros” con la Base de Manta, que tuvieron que abandonar, finalmente, en 2009, ante una inflexible decisión del presidente Rafael Correa. Sin embargo, recurrieron a la táctica dilatoria de instalar mesas de diálogo para enfocar el problema del narcotráfico y así cambiar la naturaleza de su presencia militar en el área. Se propusieron, entonces, como paladines contra el tráfico de drogas.
En Japón, la Base Aérea de Futenma fue protestada intensamente en la década de los 90, siglo XX, debido a la conducta delictiva de las tropas estadounidenses. Los americanos recurrieron a la táctica dilatoria de la “reubicación”. Para irse, exigieron la construcción de otra base para reubicar la estación aérea del Cuerpo de Marines de Futenma. Ello ha llevado décadas de estudio de suelos, de evaluación de impacto ambiental, para la nueva base, lo cual ha dificultado ─¡hasta hoy!─ la devolución de los espacios ocupados por los Estados Unidos en el país asiático.
En Hawái, acusados de daño ambiental, no quieren devolverles los terrenos a los aborígenes, alegando, precisamente, periodos de plazo para la ejecución de estudios de impacto ambiental demostrativos. En Irak, después de que el parlamento acordara el retiro inmediato de sus tropas (por causa del asesinato del general Qasem Soleimani), los gringos recurrieron a la estrategia dilatoria de mutar a “asesores técnicos y fuerzas de asistencia” no combatientes para poder continuar operativos en el área. En Haití, desde 2010 hasta hoy, se inventaron una denominación de base militar “temporal”.
El tercer momento, el de las argucias para evitar el desalojo, es una especie de ofensa a la inteligencia humana por el descaro que comporta. Téngase claro, primeramente, que una base militar en La Guaira, Venezuela, como ya se dijo, revestiría una importancia enorme para los Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico y estratégico. Dicha base fungiría como un faro de valor incalculable para el cotejo del país más rico en hidrocarburos del mundo y de las riquezas suramericanas en general. Petróleo, agua, oro, tierras raras… Ni siquiera el vuelo de las aves podría escapar a la auscultación imperial. Con semejante mirilla en el Caribe, poco es lo que podrían aspirar los competidores geopolíticos chinos, rusos o iraníes en la región.
Lo primero que intentarán los Estados Unidos es aducir incapacidad local venezolana para la asistencia logística humanitaria. Que ellos se retiren traería consigo un vacío logístico, lo cual, por nobleza humanitaria, ellos tendrían que rechazar. Cursa, a propósito, una campaña desinformativa en el país al respecto, orientada a retratar a un Estado venezolano inútil con relación a sí mismo en contraste con unos Estados Unidos magnánimamente heroicos.
Luego hablarán de la norma internacional de la Responsabilidad de Proteger. Esto los pondría a charlar sobre la definición de soberanía, aclarando que hay soberanía nacional solo cuando una población vive en estado de bienestar. Por tanto, no se retirarían del sitio mientras existan “criminales” estadísticas de desnutrición y servicios básicos deteriorados. Ellos serían incapaces de abandonar un país a su suerte y es probable que, según documentaciones que los muestran experimentando con su propia población, esparzan vectores infecciosos en el litoral guaireño (como antecedentes, hasta 1969 criaron masivamente mosquitos y garrapatas para propagar la fiebre amarilla y en Cuba pusieron en marcha la Operación Mangosta para arruinar su economía agrícola mediante la inoculación de plagas y del dengue hemorrágico).
Alegarán inseguridad en el área del desastre, justificando la presencia de sus tropas para el debido resguardo y protección. El asunto, inclusive, podría complicarse en una dimensión más amplia: emergerán el crimen organizado en las costas de La Guaira, la piratería marítima, el tráfico de armas y el narcotráfico, lo cual, aunado al vacío de poder venezolano, le dará un giro de inseguridad hemisférica al asunto, con repercusiones sobre la seguridad nacional de los mismos Estados Unidos de América. En el acto se convertirán en custodios del comercio caribeño, no solo con licencia para perdurar, sino para matar.
Finalmente, para decirlo con la infaltable certeza a la que obliga el examen de los tiempos y la razón de sus intereses concretos: los Estados Unidos permanecerán destacados en La Guaira para monitorear y asegurar la transición democrática en Venezuela. No se retirarán hasta tanto la circunstancia política y electoral decante una forma de gobierno satélite, de importancia económica para su subsistencia en medio de un contexto geopolítico de rivalidad con China y Rusia. Sus tropas se venderán como una garantía de paz ante un país convulso, disfuncional, precipitado por ellos mismos al abismo con sus prolongadas sanciones y el golpe militar del 3 de enero de 2026.
Qué hacer es el cuarto momento. Y este aspecto se orienta a la gobernanza responsable del país bolivariano, a sus fuerzas armadas, a todas esas entidades que deben estar comprometidas con la libertad y el ejercicio de soberanía en un país republicano como Venezuela, bolivariano por antonomasia.
Lo primero es evitar la militarización extranjera de la ayuda. Cero de ese personal militar uniformado debiera ser la norma. Venezuela tiene su propia fuerza armada, que podría condicionar el comportamiento de otras auxiliares. Para rescatar una vida no hace falta el traje de la muerte, armado hasta los dientes. Ser rescatista no justifica la toma militar de los espacios, del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de las telecomunicaciones, del mapeo satelital del territorio… como aspira el país del norte. Es responsabilidad del Estado venezolano velar por que ningún extranjero con capacidad de combate se destaque en el área, permitiendo únicamente a la Cruz Roja o a la ONU labores directrices en materia de asistencia humanitaria. Lo militar nacional es quien podría entrar en apoyo con su fuerza y maquinaria. Desafortunadamente, como síntoma de algo que se desata, ya se han avistado militares estadounidenses uniformados caminando por las calles de Caracas.
Lo segundo es quitar protagonismo de asistencia humanitaria a un país determinado para evitar unipolaridades que puedan derivar en situaciones de chantaje político. Es histórico lo que ocurrió con determinados bloques de países durante la Guerra Fría, que sufrieron la coerción política y económica según dependían de un único surtidor. Venezuela debe promover la asistencia multipolar, con participación de Rusia y China, de manera que se evite decir que únicamente los Estados Unidos proveen la logística.
Sigue luego el consejo de evitar la construcción de infraestructura propia que permita enraizar a los Estados Unidos en la región, como, por ejemplo, campamentos, redes de comunicaciones militares independientes, búnkeres, etc. Es un hecho que el gobierno de los Estados Unidos, en estos momentos, trabaja en la apropiación del aeropuerto más importante del país, procurando construir una infraestructura propia.
Otro punto es orientar a las comunidades organizadas, civiles o milicianas, a velar por los espacios circundantes a los centros de acopio. La presencia ciudadana, según ejemplos históricos (Base Naval de Vieques, Puerto Rico), rebate la presencia militar extranjera indeseable. La ciudadanía es un valor republicano por excelencia.
Para terminar, se alerta al Estado venezolano para que evite refrendar acuerdos de “cooperación técnica” o cualquier otra circunstancia que induzca al otorgamiento de inmunidad a agentes extranjeros. La recomendación viene a cuento porque, precisamente, los Estados Unidos utilizan los Acuerdos sobre el Estatuto de la Fuerza (SOFA) para intentar obtener inmunidad y permanencia para su soldadesca. La historia aconseja al respecto y previene situaciones como la de Colombia, por ejemplo, donde las tropas de las bases militares norteamericanas tienen inmunidad ante cualquier delito que puedan cometer contra la población civil.
Nota de honestidad intelectual: El autor contó con la asistencia del modelo de inteligencia artificial Gemini (Google, 2026) como herramienta de soporte para la investigación documental, contraste de datos y estructuración de este artículo.
