Después del problema eléctrico e hídrico en el país, y luego del último rollo con los alimentos en putrefacción, además del encono mediático por empeorar la percepción del paisaje político venezolano, cuatro temas regurgitan en mi cabeza de analista popular político (así digámoslo, puesto que no ostento título de “sesudo” académico en la materia, aunque me la paso en la calle filmando con mis ojos la diaria vida). A saber:
- Hugo Chávez, de acuerdo a encuestas, sube en la preferencia popular, aumentando su popularidad, rayante en un 60%.
- La inseguridad nos mata
- Corrupción y motorizados desmoralizan
- La lamentable oposición política venezolana luce desguarnecida
- Las elecciones para la Asamblea Nacional se presenta como un extraordinario reto de consolidación y continuidad político.
Ello a grosso modo, teniendo en cuenta que los cuatro puntos son una suerte de corolarios de subterráneos procesos, que acomodaticiamente condensamos en breves palabras.
Los puntos de la inseguridad, corrupción y motorizados, que conllevan a incidir en una apreciación maltrecha de la autoridad reinante en el país, es un tema que a diario se presta para que quienquiera desee criticar por criticar se aferre de allí con gran vehemencia. Por ejemplo, para tomar un aspecto nomás, la expresión típica y resumante de cualquier arrebato opositor es “¡Mira la calle, chico ─señalando a un motorizado─, no hay autoridad! A este país se lo llevó el diablo.” Demás está decir y recomendarle al presidente Hugo Chávez que una acción poderosa de ejercicio de la autoridad combatiría en amplia medida el problema y enviaría un mensaje de fuerza a la población (si usted quiere elector), de conciencia y presencia estatales. ¡Caramba, si el mismo contrato social así lo exige: usted, ciudadano, desiste de su comportamiento selvático y salvaje y deja en manos del Estado su control para cuando experimente un desbordamiento! A cambio, usted tiene derechos.
Así de simple, como medida rápida a la mano, si se quiere efectista para quienes quieran ejercer la crítica y enarbolar el consabido clisé de la aplicación de “paños calientes” o maquillaje, que esencialmente nada resuelven. Pero, antes de continuar desarrollando el punto y pasar a recomendar lo que recomiendo, dejo un acto de conciencia sobre lo esbozado: el cambio de matriz cultural para exorcizar el problema de la corrupción e inseguridad sabemos radica en un progresivo adecentamiento moral, socioeconómico y educativo, nada subsanable, fundamentalmente, con eventuales encarcelamientos de corruptos y abatimiento de delincuentes. Dejo, pues, bien sentado el clisé, si es que un clisé se puede clavetear aún más sobre el piso semántico: los paños calientes no curan, sino, como sabemos, ejercen su efecto sobre los síntomas, las percepciones y las apariencias, si es que queremos traer estas palabras a colación.
El aspecto político ─aquí voy─ no debe perder su perspectiva y sincronía práctica con la realidad. En momento electoral como el presente, cuando se apresta la Revolución Bolivariana a consolidar una fuerza operativa en la Asamblea Nacional, conscientes de que los correctivos no han tocado el fondo progresivo del problema en cuanto a corrupción e inseguridad, se impone apelar a las medidas inmediatas a la mano (seguimos con los paños calientes), de ejercicio de la autoridad al menos, no importa que atacando el cariz de la problemática y no sus raíces.
¿Por qué semejante cinismo político, del que muy argumentadamente se me podría acusar? Es simple: existe un ambiente electoral y un sistema político que basa su gobierno y estadía en el arbitrio popular, en el voto, mismo que es necesario procurar. Para el subsanamiento de los problemas de fondo baste saber que se trabaja en ello, que el proceso es largo y que el liderazgo del presidente Hugo Chávez es garantía de moralidad y compromiso hacia ese sentido. Por el hecho de que la solución a la corrupción y la inseguridad amerita quizás el decurso de una generación completa no hay que cruzarse de brazos, enviando un mensaje de inoperancia a la población, electora ella. Asegurar la preferencia electora es garantía de continuidad y de espacio para seguir con el trabajo de educación de masas.
Se debe ejercer acto de presencia y de fuerza estatal y constitucional, lo que nosotros en nuestra jerga llamamos “mano dura”, autoridad, como bien faculta el llamado contrato social. No es posible que en nombre de protocolares pruritos de una honestidad que ya no es política sino académica se pierda la preferencia electora, de cara como estamos ante un evento de elecciones. Lo político honesto es saber cuánto se tiene de arraigo en las masas y cómo sostenerse. Es el uso de la técnica sin sacrificar la ciencia. Es el manejo de la forma de modo tal que no perjudique la esencia. Y claro estamos que para seguir luchando por un modelo socialista, según armamento democrático al alcance en el presente, es necesario mantener el voto y la preferencia electoral del pueblo, dado que el avance conquistador de este modelo pide mucho más tiempo.
La aplicación de la “mano dura” es una medida necesaria, con todo y lo dicho sobre que parezca un paño caliente, pero también con todo y lo dicho sobre que capta votos, da una sensación de presencia y acción estatal. Lo demostró el mismo presidente Chávez subiendo en las encuestas luego que le declarara la guerra a los sectores económicos, metiera entre rejas a unos cuantos y castigara constitucionalmente la lengua de muchos. Y ello es doblemente significativo si se toma en cuanta que su gestión viene de transitar un momento con el rollo de la electricidad y la escasez de agua, arteramente explotado por la oposición mediática. Aún hoy vive las secuelas de otro problema al que se le afila punta mediática, como lo es el de los alimentos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL).
No obstante este último problema, de acuerdo a cifras propaladas esta semana por periodistas como José Vicente Rangel y Eleazar Díaz Rangel en sus respectivos formatos de divulgación, la popularidad de Hugo Chávez experimentó un alza que lo coloca en un 60% de aprobación (uno promedió las encuentras de las últimas semanas y otro se basó en las cifras que presentó la encuestadora GIS XXI). ¡Es que la aplicación de la ley, de la fuerza constitucional, del poder convencionalmente democrático del Estado, cala positivamente en el elector, aunque sepamos que la aplicación de castigos sólo sea una pequeña parte en la corrección de los problemas! La gente siente que no está a la intemperie, que el Estado funciona para aquello para lo cual lo contrató, esto es, para protección, corrección y ejemplarización.
Ello nos da pie para desglosar de una vez nuestro consejo en la materia, política y tecnológicamente hablando: despliéguese un operativo de presencia constitucional, sobre propios y opuestos, en materia de inseguridad y corrupción, tomando como modelo el esquema de la guerra presentada a la oligarquía económica en el país. Extiéndase el operativo, de paso, hacia instancias muy en la percepción del venezolano de a pie, como es el problema de infinito desorden y violencia que presentan los motorizados en la calles en el diario vivir. El venezolano lo agradecerá y resulta harto ocioso decir cómo. Téngase como norte que delincuentes, corruptos y motorizados restan votos a diario a la imagen de gestión presidencial, sembrando el caos y una percepción de inexistente autoridad.
Nunca como ahora un simple operativo de seguridad y orden será tan oportuno para efectos políticos. Y reitero: ello es ejercicio político, aplicación de tecnología del voto en momento electoral, dejando claro que no resuelve problemas de fondo, como dice el escrito, pero que asegura la continuidad de un modelo político en el poder que trabaja en el asunto y que conciencia que la solución requiere más tiempo.
Jamás imaginó la oposición política venezolana que un simple ejercicio de la autoridad constitucional, como el caso dicho de la guerra contra los sectores económicos contranacionales, emergiendo el presidente de un difícil capítulo de sequía y ataque mediático, y viviendo aún el relacionado con PDVAL, pudiera reportar tanto repunte de aprobación de gestión de parte de la población. Ello la hunde, incluso más, en un marasmo de la desintegración y desguarnición política. Desesperanza sería el mejor semantema para la descripción, dado el caso que el gobierno de Hugo Chávez decida aplicar un orden cerrado constitucional sobre los aspectos mencionados.
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