Tengo amigos militares y policías. Conozco a sus madres, suerte de puñado de nervios que tiembla cada vez que sus hijos son destacados en un trabajo riesgoso como, por ejemplo, el de mantener el orden público. Durante los hechos de la guarimba pasada, cuando se desataron los demonios del crimen entre los seguidores de la oposición política y golpista venezolana, colocando guayas y otros ingenios para provocar muerte, cundió el desespero entre ellas al ser su hijos destinados al "trabajito" de enfrentar a semejantes energúmenos.
Lógicamente, es el trabajo y nadie tendría por qué quejarse. Se cumple como se jura ante dios y la patria, y ya. El problema es que, como dijera una vez el saltarín personaje político llamado Luis Miquelena, las leyes humanistas nos han quedado grandes. Imbuido del sentido patrio y constructivo, encandilado por la calidad humanista de la ideología izquierdista, la sociedad venezolana, de la mano de Hugo Chávez, en su tiempo se abocó a tejer una estructura jurídica y de convivencia venezolana en verdad tan hermosa como poco conducente en términos prácticos. Y lo dicho lo digo no sin grande decepción, alertando que no se me ha de entender como persona adversa a la ejecución de magnas empresas, guiadas por el sentido artístico, civilizador o justiciero del espíritu humano. Que va. Pido tener los pies sobre la tierra.
En medio de la emoción de reconstrucción patria, el país se dedicó a escribir leyes y tomar acciones guiado por un sentimiento como de cuentos de hadas sin percatarse debidamente del contexto peligroso, reacio, resentido o político sobre el cual tejía. Para no alargar, así al loco azar, pongo tres ejemplos de belleza ideológica no compatible con la realidad, en algunos casos por no hacer cumplir el Estado la letra de su contenido, en otros por pintar un contexto de ejecución extremadamente idealizado: la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, un escrito legalista fantástico que jamás el Estado ha hecho cumplir sobre el poderío temible de la empresa inmobiliaria nacional; el decreto 1348 (Gaceta Oficial N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014) , que prohíbe al comercio informal la venta de los productos regulados de la cesta básica, y que, rampantemente, es una letra muerta para los llamados "bachaqueros"; y, para el caso policial que comentamos, aquella infeliz disposición de mandar desarmados a nuestros policías a contener filas de opositores que protestan, en todos los casos filas armadas y en muchos compuestas por paramilitares inducidos desde Colombia. Paradójicamente, la tal disposición es una letra viva de cumplimiento para el policía (debe ir desarmado) y muerta para el manifestante que se exacerba sobre el indemne funcionario de orden público.
Al día de hoy se ha visto de todo sobre este último respecto: mujeres manifestantes escupiendo la cara de Guardias Nacionales, policías asesinados por hordas armadas y, caso último, dos agentes asesinados en el estado Táchira por manifestantes, hecho que, si bien es cierto no parece incidir en su comisión de muerte que el policía llevase o no un arma en su cinto, habla bastante de una burla y de una falta de respeto a la necesaria autoridad por parte de una pila de facinerosos.
El llamado es la praxis por encima de los hermosos principios que no parecen de este mundo. Es muy bello desde una oficina mandar a un cuerpo de oficiales a cumplir poéticas leyes y a exponer la vida sobre el perfil de una realidad extremadamente riesgosa y criminal. Algo así como si se pudiese enviar a bomberos a sofocar fuegos sin protegerlos con trajes ni advertirles que el fuego quema. En verdad la autoridad no necesariamente se ejerce portando un trozo de armamento en la funda, pero lo que no habrá que negar jamás es el derecho a la vida y a la defensa que tiene cada funcionario de orden público en la lucha contra el caos, en especial si tal caos es de carácter político e inducido. ¡Cabeza, rodillas y pies en tierra!
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