La lucha a favor de los inquilinos de Venezuela está caída, y caído de la mata está el que se mienta y se diga que, con el logro del parto de la ley, se ha avanzado contundentemente.
Ciertamente se ha avanzado bastante en tanto a crear expectativas y esperanzas para resolver los duros y angustiantes problemas de quienes viven en situación de arrendatario. Se ha dotado a la figura del inquilino de un piso legal y de un perfil jurídico que infunde contención al abusador de siempre. Nadie lo cuestiona. Hay menos desalojos y menos abusos contra los arrendatarios. Nadie dirá que un arrendatario de estos tiempos es tratado como un inquilino de hace veinte años, cuando a patadas eran echados a la calle, notoriamente.
A no dudar un avance. Pero hasta allí. No se ha completado la revolución contundente en la materia en tanto consiste en transformar en propietario al que declarado está como falto de vivienda, teniendo el derecho a una vivienda digna, como manda la ley (Art. 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). No se ha completado la revolución de hacer cumplir la ley. Existe una Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) donde entra de todo para ser dueño de vivienda, menos el sector inquilinario, según hechos.
Y he allí el problema. Ahora con el nuevo piso legal en materia inquilinaria, y con las nuevas expectativas con él generadas, aunque no se tire abiertamente a una familia a la calle, se tira el derecho al suelo debido a que la ley no se está cumpliendo significativamente. Es decir, podría el hecho comportar una situación peor: que habiendo una ley que cumplir, se obvie, e igual se desaloje, aunque no se haga con el descaro de antes. En el pasado ocurrían los desmanes porque no existía un patrón legal que regulara la transacción inquilinaria; pero ahora la hay, y la hay para nada en muchos casos porque, en silencio, en contubernio delictivo, se está desalojando a diestro y siniestros a familias venezolana, se hostiga a diestro y siniestro a familias venezolanas, se humilla a diestro y siniestro a familias venezolanas. ¡Con decir que en estos momentos ocurren desalojos en el país, momentos en que rige el efecto de la sentencia 1171 (17-08-2015, ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez, Pdta., del TSJ), que los prohíbe expresamente! Un colmo.
Los inquilinos se bautizaron con el logro de la ley, pero si la misma no sirve para su amparo porque las instituciones y los obligados no la cumplen, el tal logro no es más que un llenar de boca, una burla. Hay, pues, no vacío legal, sino incumplimiento, lo cual podría equivaler a lo mismo. Inquilinos olvidados por un lado, víctima de colectivos contratados que los sacan, expuestos al arbitrio de sus verdugos porque las instituciones, la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi), se queda corta en su accionar regulador, sin personal suficiente para el trabajo de campo, con funcionarios corruptos en muchos casos, con el mal de la burocracia como sino, con desesperanza en siembra en el porvenir de los afectados.
La Red de Inquilinos San Juan, así como lo haría cualquier otra organización inquilinaria, en el marco del plan "Luz Inquilinaria", propone ante desalentador panorama las siguientes acciones con carácter de urgencia a efectos de visibilizar a este sector de la sociedad venezolana:
(1) Una medida de protección más contundente a favor de las personas que viven en condición de alquiler. ¿Hasta cuándo el descaro y la parcialización hacia causas netamente mercantilistas de muchos propietarios que hacen de la vivienda un negocio, y compran favores en las instituciones? ¿Hasta cuándo la desrrevolución de favorecer a quien menos necesita y no tiene a la ley de su lado? Familias venezolanas están siendo lanzadas a la calle ahora mismo, lo cual lleva a concluir que la ley es letra y paja que no ampara con efectividad.
(2) Reestructuración física de la Sunavi, incorporándole mayor personal, dividiéndose la tarea por parroquias, atendiendo todos los problemas, ¡por favor!.
(3) Compenetración de la institución rectora con las organizaciones sociales, quienes son las verdaderas conocedoras de los hechos en sus comunidades. Ahora existen en las comunidades organizacione comunales con las cuales coordinar. Esto con el fin de aliviar la carga de trabajo institucional, esa que presuntamente burocratiza.
(4) Regular el problema de las pensiones y los edificios de vieja data, los cuales han sido ordeñados mercantilistamente hasta la saciedad por sus dueños (persistiendo en ello) y ocupan espacios ridículos de asentamientos familiares cuando pueden servir para construir edificaciones para cientos de familias.
(5) Adjudicar directamente a los inquilinos en situación de desalojo sin necesidad de estar yendo a ningún refugio previo. Ábranse los ojos. Se tienen pruebas de edificaciones de la GMVV que están solitarias esperando no se sabe qué cosa para ser ocupados. Medio pueblo sabe que hay que pagar un monto a algún mafioso para ser adjudicado.
(6) Asistir a la marcha el día jueves 4 de agosto de 2016 para decirle todo esto al Vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, con quien se tiene la esperanza de que dé una mano para hacer correr el agua del pozo estancada. Lugar de reunión: plaza Capuchinos, Caracas, 8:00 AM, de donde se saldrá hacia puente Llaguno, donde se esperarán a otras organizaciones sociales para ir a la Vicepresidencia.
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