La situación de falsa normalidad en Venezuela no se sostendrá durante mucho tiempo. Hay problemas, como los ha habido durante años, pero más serios. No han pasado aún los cien días del gobierno o "sociedad" de Donald Trump con Venezuela y ya el árbol empieza a estremecerse de raíz.
La inflación en febrero se disparó al 600%. La de diciembre (2025), que es el mes cumbre para la subida inflacionaria, fue de 400. No hay platita para pagar sueldos ni para ajustar aumentos significativos. No se hable de aquellos "bonos de la patria" que, por concepto de guerra económica, se pagaban a la población y ahora han desaparecido.
La producción petrolera, contrario a lo predicho por Trump y por la rumorosa apertura inversora, cayó de 1 millón de barriles diarios a 750. ¿Qué pasó allí?
Súmese que la gente está empezando a salir a la calle a protestar por cualquier cosa y, detrás de los muros, se le oye deplorar contra el gobierno. Lo peculiar es que en las manifestaciones hay expresión de ambos bandos, chavistas, exchavistas y opositores. Ello sería indicativo de que el reclamo parece libre de intencionalidad política y obedece a la necesidad. Sueldos, luz, agua…
Por supuesto, está también el malestar político. Por un lado, el opositor (alegre por la invasión) no se cansa de arrostrarle al contrario que ahora sí se es el estado número 51 de los Estados Unidos; por el otro, el chavista ha empezado a hablar abiertamente de traición, señalando a los hermanos Rodríguez. Es vox populi.
Lo espectacular es que la bomba explota cuando el mesías estadounidense se apodera de Venezuela y se cumple el sueño de derrocamiento presidencial de muchos: Nicolás Maduro, señor de todos los males. A la espectacularidad, además, se le puede agregar el contrasentido del aumento de los precios del petróleo sin que el país se favorezca de la coyuntura, como siempre ha ocurrido.
Son tiempos serios, distraídos en la población por la festividad consecutiva del carnaval y la Semana Santa. Pero el tiempo pasa y no faltará mucho para que se descubra la terrífica realidad: el país, en su inédita condición de protectorado, vende petróleo y Estados Unidos cobra las transacciones.
La suspicacia de que Trump y su OFAC del Departamento del Tesoro han represado los fondos de Venezuela parece tener una fundamentación irrefutable. El hombre vive una adversidad crucial ante Irán y es lógica de oro que cubra la deficiencia energética del mercado con el petróleo venezolano. De manera que el país bolivariano, hasta un punto, cubre la guerra contra el país asiático.
Además, el mismo Trump insinuó desde un principio que Venezuela, a cambio de no recibir una segunda oleada de ataques, tendría que compensar los gastos de guerra de los Estados Unidos, aquellos $10 millones diarios de su flota en el Caribe. De lo cual se infiere que el país bolivariano paga, también, esos costos de los Estados Unidos que condujeron a la matanza de treinta custodios cubanos y más de cien venezolanos, y a la captura de Maduro y su esposa.
Si alguien duda sobre lo dicho, entérese de lo que acaba de declarar el presidente de los Estados Unidos: que mantiene con Delcy Rodríguez una «empresa conjunta» que le ha permitido obtener «miles de millones de dólares» y pagar varias veces sus gastos del 3 de enero. «Hemos cubierto el coste de esa acción militar muchas, muchas veces».
Una situación de tal calaña, para expresarlo en su sana interpretación, no la puede soportar la psique de un país durante mucho tiempo. Es una humillación, para decir poco. Se trata, en el peor de los casos, más allá de la vergüenza colonialista, del borrado de una nación. Como dice el filósofo, el hombre es un animal de ideas y, como tendría que decir el historiador, Venezuela es una idea patria y de tradición heroica. La colisión de los contrasentidos ha de tener un peso catastrófico cultural. Dígase, sin embargo, como contrapeso y esperanza, que militan en las bases de la república los llamados radicales, hombres que honran con el nombre su connotación de raíz, contenidos hasta el momento ante la frescura de los hechos.
Es verdad, como argumenta el gobierno, que se evitó un baño de sangre mayor con la capitulación; y, como dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, se mantuvo el aparato político con no enviar a morir con dignidad a los soldados. Pero la gravedad de la paz capitulada es que se está proponiendo la erradicación de la nación, cultura e historia venezolanas. Con cada concesión que se le hace al norte, con cada ley modificada para abrir el vientre de los recursos naturales, con cada visita de inspección que hace un funcionario gringo al país, con cada embajada que se reabre, se le ajusta una amarra más de opresión a Venezuela.
Es decir, se pone en vilo la independencia y, de todos modos, se pospone hasta un plazo no muy lejano una inevitable guerra de reconquista, la misma guerra de la que se dice se evitó hoy.
Nadie pretende dividir al enunciar los hechos. Tampoco debe interpretarse como traición al acto de no acompañar la narrativa de "estabilidad" del gobierno interino. El amor al país del denunciante no debe valorarse menos que el mostrado por el perpetrador mismo de los hechos. Si la presidente encargada tiene un plan inocente, libre de sospechas de traición, como se difunde en la calle, urge conocerlo y presentarlo al país. Dar por sentadas las explicaciones es el más expreso camino al desastre.
De todas maneras, para quien con facilidad acuse de divisionismo, debe valorar su posición propia. Si lo hace desde las instancias del gobierno, debe presumir que actúa como militante también del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que fue la organización política que ganó las elecciones con una oferta electoral específica. Sin embargo, debe tener en cuenta que el PSUV, en sus principios generales, se declara «anticapitalista y antiimperialista», y ya se sabe que todo eso está desvirtuado por la situación política presente.
Si se ejerce la crítica desde el seno del partido mismo, es asunto más grave. A tal, habría que decir que el PSUV, en tanto gobierno, desde hace rato está deslegitimado. De hecho, aunque por sucesión el gobierno de Delcy Rodríguez es legal, no es legítimo porque no encarna los valores que se votaron en las elecciones presidenciales de 2025 con Maduro. Un tanto igual habría que decir de la Asamblea Nacional.
Explicar al pueblo, llamar a elecciones, es deducción lógica del presente escrito. El razonamiento de que el gobierno interino ejecuta un ardid para ganar tiempo y esperar, por ejemplo, la muerte o el cumplimiento de funciones de Donald Trump, debe argumentarse con los venezolanos en asambleas populares. Así, también, se debe razonar la tesis de que, con semejante ardid de la capitulación, se preserva el aparato político de gobierno ante posibilidades políticas peores, como la de María Corina Machado.
Sépase, de todos modos, que la gente ya está en la calle haciendo sus asambleas cuando conversan, protestan o cuestionan al gobierno. La vergüenza, la necesidad y la opinión pública son una única masa capaz de suscitar impensables avalanchas del desastre en todos los planos de la vida humana.
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