Con el propósito de evitar otro ataque como el que derrocó a Nicolás Maduro, la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado concediendo privilegios a los Estados Unidos en materia de recursos naturales y estratégicos del país.
Lo primero fue el petróleo; ahora se trata del oro. Dos rubros fundamentales en el país, más allá de lo estratégico, dado que Venezuela es un proveedor y no un país industrializado. Su valor supremo radica en las minas, el subsuelo, en la extracción y el posterior envío de materiales.
Por tanto, cualquier trato que se concrete sobre tales rubros, siempre afectará de modo vital la soberanía económica del país. Y, aunque los Estados Unidos, por su parte, posee otro perfil como potencia industrializada, se juega también su destino en el pulso global geopolítico al necesitar con desesperación determinados recursos minerales.
Lo de Venezuela, por momentos, es petróleo y oro; pero su importancia proveedora atañe a todo el contenido de su vientre minero: hierro, coltán, bauxita, níquel, diamantes, tierras raras… Como se dijo: su importancia proveedora es la importancia.
Se ha detectado una sincronización entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, una agencia de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) y las modificaciones legislativas de este año en Venezuela. Cuando vino Chris Wright (febrero de 2026), secretario de Energía de Estados Unidos, ya se había aprobado la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos; pero es claro que ya la OFAC tenía lista desde enero su Licencia General 46 y 46ª. En ella ya se contextualizaba la modificación legislativa que abría la actividad de extracción petrolera de Venezuela hacia los Estados Unidos, sacando del juego a la empresa estatal PDVSA.
Doug Burgum, el secretario de Interior gringo, llega al país (4 de marzo) cuando la OFAC (6 de marzo) prepara su otra licencia (la 51) para regular la extracción de oro en Venezuela. Curiosamente, el 9 de marzo la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Minas. Burgum vino a hablar de tierras raras y del restablecimiento formal de las relaciones entre ambos países. En la ley, tanto de allá como de acá, se prepara el contexto para que el país del norte exporte, transporte y venda oro venezolano mediante la empresa estatal Minerven.
Se puede, pues, hablar de una sincronía sospechosa, hasta humillante para el país bolivariano, en el sentido de que la OFAC pudiera estar preparando en líneas el material legislativo de los legisladores venezolanos.
En cualquier caso, la pregunta de rigor para la presidencia encargada es, primero, si posee garantías de que los Estados Unidos respetarán la soberanía nacional con cada correa de fuerza que el país bolivariano se deja apretar; y, segundo, si ese país es merecedor de semejantes privilegios, entregados con indescriptible mansedumbre, sin percibir nada concreto a cambio.
Porque hay que resaltar que el presidente de los Estados Unidos, como rotundamente lo ha demostrado, no respeta el derecho internacional, siendo ejemplo de ello, a propósito, el secuestro reciente que perpetrara contra el presidente venezolano y su esposa, además de los ataques a Irán, la voladura de escuelas infantiles y la promesa de toma de otros territorios nacionales. Por otro lado, mientras Venezuela se esfuerza por abrirle la cantera de los privilegios minerales, el país gringo no vacila en renovar la Orden Ejecutiva 13692 que delinea a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos y posibilita que la OFAC continúe sosteniendo las sanciones. No suficiente con ello, ya el 9 de enero de 2026 ese país había emitido la Orden Ejecutiva 14373, que propone secuestrar los ingresos venezolanos por concepto petrolero.
Venezuela no ha recibido nada a cambio en la transacción más allá de evitar una segunda oleada de ataques, como parece razonar la presidencia encargada, quien, inclusive, declaró haber recibido amenazas de muerte de los estadounidenses. Esto lleva a concluir que los Estados Unidos son enemigos de Venezuela y que su relación de trabajo con la patria bolivariana estriba sobre unos términos de capitulación y amenazas.
Lo que se concreta es un cableado de sujeción colonialista, de difícil desenmarañamiento a futuro. Puestos a razonar, podría ser factible que la presidencia del país requiera ideas, ayuda, cuestionamiento, oposición, no siendo creíble que personas como Delcy Rodríguez y su hermano estén sumidos en la ceguera de no ver el futuro del país. No existe ninguna apertura petrolera o energética a futuro que valga si se secuestra la autonomía libertaria de un país.
La pregunta capital es: ¿ha valido la pena evitar una guerra con los Estados Unidos para no perder soberanía, teniendo en cuenta que, igualmente, en estos momentos se está perdiendo la misma sin disparar un tiro? ¿Se trata eso de una situación ideal para Venezuela o para los Estados Unidos?
Si a Hugo Chávez le costó un mundo político cerrar la embajada de los Estados Unidos en Venezuela y expulsar a sus diplomáticos y a otros conspiradores militares ubicados en la Base Aérea La Carlota (por mencionar un lugar), a la Venezuela futura de Delcy lo mínimo que le costará para nuevamente ser libre es la misma guerra que hoy presuntamente se está evitando
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