jueves, 29 de noviembre de 2007

Nota de duelo y reflexión sobre el papel de la Iglesia Católica venezolana en tiempo de reformas

LA NOTICIA
Lo que ocurrió en Guacara, Estado Carabobo, el asesinato de José Aníbal Oliveros Yépez a manos de unos opositores políticos que habían cerrado una vía, es una especie de micro documental por adelantado de lo que en escala mayor personalidades como la cúpula eclesiástica católica y grupos políticos de extrema derecha le tienen preparado al país en sus afanes de desestabilización.
El joven de 19 años fue tiroteado por la espalda por insistir pasar con su gandola para dirigirse a su trabajo, Petrocasa, contraviniendo la agresiva guarimba que los vecinos de la urbanización Ciudad Alianza habían montado en favor del NO, prácticamente a seis días de la fecha refrendaria. Los hechos sucedieron el día lunes, y, de acuerdo con declaraciones de los vecinos, los ánimos políticos ya venían alebrestados desde la misa del día domingo, en la cual se convocó a una vigilia y se distribuyeron volantes con la lectura "Por la virgen vota NO". Según declaraciones oficiales, la Iglesia donde se planificó esta y otras guarimbas para el inicio de semana, fue la de San Antonio de Padúa, en la Urbanización Prebo, Valencia.
Ya cadáver, el cuerpo fue arrastrado y desfigurado en el rostro (para despistar, se supone). De un grupo de siete muchachitos "sifrinos", cuatro ya están detenidos, incluyendo el autor material.
A MODO DE REFLEXIÓN
La cúpula religiosa católica tiene responsabilidad en los hechos, según evidencias y circunstancias del crimen. Ya es cuento conocido el hecho denunciado varias veces que la dirigencia de la Iglesia Católica venezolana, en la figura de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), es decir, los curas Baltasar Porras y Jorge Urosa Sabino, tienen un comportamiento expresamente político, como el mismo canal de noticias que los promueve, Globovisión. Los señores, abiertamente andan en una campaña clara por el NO, promulgada desde el aparato institucional eclesiástico.
Lógicamente, no hay ningún problema en que un cardenal cualquiera en lo personal tenga una definición política cualquiera, dada la libertad de elección política que se ejerce en Venezuela; lo que no es permisible -y esto es una perogrullada- es que intenten utilizar el aparato institucional de la Iglesia, con su liturgia incluida, en un acto de proselitismo político, como siempre se le ha criticado a otros entes, de otra naturaleza, como el canal de noticias sesgadas, Globovisión, quien siempre edita sus opiniones como sucesos "objetivos". Es claramente un acto de irresponsabilidad, rozante con el crimen, como quedó visto con el asunto de Guacara.
No es posible que desde tan importante instancia espiritual se someta a la feligresía al chantaje de definirse hacia una tendencia política específica so pena de significarle que no tiene aceptación en Cristo o en la Virgen María. Es, para ser más exactos, un acto de criminalidad política que desvirtúa una institucionalidad en nombre de particulares intereses personales, asociados a un hecho de conservación de privilegios y a una militancia partidista.
En los últimos días se le ha llamada la atención a sus representantes, sobretodo a la CEV, a saber, Baltasar Porras, Jorge Urosa Sabino, Roberto Lücker y otros como el Padre Ugalde, en el sentido de concretar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su inscripción como partido político, a efectos de que emitan fuera del contexto litúrgico su preferencias políticas (hacemos la salvedad que el último mencionado no se desenvuelve en la liturgia propiamente sino en predios universitarios). Porque esta es la realidad: ciertos curas, con puestos claves en la jerarquía eclesiástica, están llamando, cual partidos políticos, a frustrar con violencia el evento próximo del referendo.
¿No lo creen? Vean cómo esta iglesia se prestó para efectuar un acto político de llamado a la violencia para el día 2 de diciembre y los siguientes. En él aparece, con la voz cantante, el inefable Alejandro Peña Esclusa, junto al alcalde del Municipio Chacao, Leopoldo López y otros, como el apodado Cabeza'e motor, Oscar Pérez, luego de las declaraciones de Antonio Ledezma y Ramos Allup, dadas en otro sitio.
¿Quién responde por los excesos, señor Porras, señor Ugalde, señor Urosa, señor Lücker? ¿Quién paga los muertos por la violencia engendrada en las diatribas pronunciadas desde las iglesias? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad en los hechos? ¿O es que las cosas como la ocurrida con el joven Olivares y o las vistas en el siguiente video no son de su competencia?


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